MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 01:48
FUENTE: DIARIODECHIMBOTE.COM 
Después de largos cinco años el Poder Judicial se pronunció en última instancia respecto de la demanda interpuesta por los comerciantes del mercado La Perla contra la decisión de la Municipalidad Provincial del Santa de demoler sus puestos construidos de material noble ilegalmente dándole la razón a la comuna con lo que queda cumplir con demolerlos.
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República notificó a la comuna la sentencia de Casación 3050-2012 por la cual los magistrados supremos decidieron declarar infundado el recurso de casación interpuesto por Margarita Bobadilla Aguirre, Presidenta de la Asociación de Comerciantes Unificados del Gran Mercado de la Región Chavín, llamado mercado La Perla.
Esta resolución confirma el fallo de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia que a su vez confirmó la sentencia del Cuarto Juzgado Civil de la acción contencioso administrativo formulada por los comerciantes el año 2010.
La historia de la demanda se remonta al año 2010 en la gestión del ex alcalde Luis Arroyo Rojas donde con expediente coactivo 3407 - 2010 se inició el proceso de demolición de todos los módulos de venta construidos de material noble en el interior del mencionado centro de abastos por carecer de licencia de construcción.
Concluido dicho trámite coactivo se emite la resolución de Alcaldía 001 – 2010 – 3407 que autoriza la demolición de las construcciones ilegales en un plazo de siete días, sin embargo, ello no se produjo debido a que Bobadilla Aguirre interpuso la demanda contencioso administrativa contra la resolución de Alcaldía arriba anotada.
 La Asociación de Comerciantes Unificados del Gran Mercado de la Región Chavín cuestionaba la resolución de alcaldía sosteniendo que no era competencia de la Oficina de Administración Tributaria imponer sanciones por las construcciones ilegales sino que ello le correspondía a la Gerencia de Obras.
Sin embargo, la comuna en la contestación de la demanda sostuvo y demostró que la Gerencia de Obras depende de la División de Desarrollo Urbano que a su vez es el ente que formuló la propuesta para demoler las construcciones ilegales, por tanto no existió nada ilegal.
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